Votando colonizadores

En Malvinas hubo un pseudoreferendum con isleños yendo a emitir su voto, acompañados por perros y cochecitos de bebé, muchos de ellos embanderados con la insignia británica. La consulta tuvo un 92 por ciento de asistencia, con 1518 votos sobre un padrón de 1672 votantes, con un respaldo prácticamente absoluto al actual status político de las islas. Los habitantes de Malvinas votaron en un 98,8 por ciento a favor de seguir siendo parte del territorio inglés de ultramar.

Ahora bien, el señalamiento extendido es que no se puede hablar de autodeterminación cuando se trata de una población implantada, y que hay más de 40 resoluciones de Naciones Unidas llamando a los gobiernos de Gran Bretaña y Argentina al diálogo como único camino para resolver el diferendo por la soberanía. 

Desde Londres, la embajadora argentina Alicia Castro dijo: “Son británicos. Respetamos su modo de vida, respetamos que quieran seguir siendo británicos, pero el territorio en el que habitan no lo es” y recordó que la consulta no tiene “ningún valor legal” y “no ha sido convocada ni supervisada por las Naciones Unidas; es un referéndum entre habitantes británicos, convocado por británicos, para que digan si quieren que el territorio donde viven sea británico.”

Recordemos también que en las Falkland Islands, al gobernador lo elige la reina de Gran Bretaña y los kelpers no tienen derecho a la autodeterminación.

Si hay trabas para el contacto comercial entre el continente y las Islas Malvinas, éstas son el producto de la política británica. “Lo paradójico del caso es que son los propios dirigentes isleños los que se imponen una suerte de autobloqueo. Prefieren importar productos frescos desde Europa antes que adquirirlos en el territorio continental argentino”, advirtió Marcelo Kohen, profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y reconocido especialista jurídico en la Cuestión Malvinas.

La reciente consulta, impulsada por el gobierno de David Cameron, buscó que los isleños ratificaran que quieren seguir conservando la nacionalidad británica, pero la iniciativa –repitamos- no tiene ningún sustento legal ya que se contradice con la Resolución de Naciones Unidas que estableció en 1965 que las islas son un territorio sujeto a descolonización. Es por eso que dicho organismo, por ejemplo, no envió ningún observador a la votación ni tampoco la organizó, ya que entiende que no se trata de libre determinación.